La Subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, anunció que el Gobierno presentará al Congreso Nacional un proyecto de ley que busca endurecer las penas a quienes cometan el delito de robo con homicidio.
La iniciativa legal se dio a conocer luego de los hechos ocurridos las últimas semanas, tras la muerte de dos menores de edad en medio de hechos delictuales que han involucrado robos de vehículos.
El proyecto contempla que la pena para el delito de robo con homicidio cuando se trata de niños, menores de 14 años o mayores de 65, o personas con discapacidad, sea el presidio perpetuo calificado, esto es, 40 años.
Si niños, menores de 14 años, mayores de 65 o discapacitados son objeto de robo con lesiones gravísimas, la pena será de presidio perpetuo, esto es, 20 años. Y si se trata de robo con lesiones graves, la pena es de presidio mayor en su grado medio a máximo, esto es, 15 años y un día a 20 años.
En esa línea, la Subsecretaria Martorell indicó que el proyecto “lo que busca es aumentar las penas del robo con homicidios, sobre todo cuando esto recae en personas menores de edad y también mayores de 65 años” y con ello “eliminar la pena de presidio mayor en su grado máximo y sustituirla por el presidio perpetuo simple hasta el presidio perpetuo calificado y estableciendo en aquellos casos en que hablemos de personas menores de 14 años o de personas mayores de 65 la pena aplicarse a la máxima, es decir, presidio perpetuo calificado, lo mismo ocurre con las otras hipótesis como el caso de la lesión, la violación que establece el mismo artículo que se modifica”.
También, se propone la incorporación de un tipo penal que describe la encerrona, como figura de robo sin violencia o intimidación, con una pena equivalente al portonazo, esto es, presidio menor en su grado máximo (3 años y un día a 5 años), como inciso final nuevo del artículo 436 del Código Penal. Si la encerrona se realiza con violencia o intimidación, la sanción que se aplicará será la del inciso primero del artículo 436, esto es, la figura residual de robo con violencia o intimidación cuya pena es de presidio mayor en su grado mínimo a máximo (5 años y un día a 20 años).
Por último, la autoridad solicitó a los parlamentarios a que se apruebe este proyecto a la brevedad. “Esperamos que en el Congreso se tramite con la máxima urgencia, dada las situaciones de violencia que lamentablemente hemos visto en el último tiempo”.
