Este viernes 9 de julio, las Subsecretarias de Salud Pública, Paula Daza, y de Prevención del Delito, Katherine Martorell, presentaron una denuncia a la Fiscalía Metropolita Oriente por el posible delito de apropiación indebida en contra del actual presidente de la Clínica Las Condes, Alejandro Gil Gómez.
Esta acción responde a los hechos ocurridos el pasado 3 de julio, fecha en que Alejandro Gil Gómez se habría presentado en el vacunatorio de dicha clínica para exigir una tercera dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech contra el coronavirus, pese a que ya había recibido las dos dosis autorizadas por el Ministerio de Salud.
La denuncia señala, además, que la vacuna supuestamente apropiada por Gil Gómez se encontraba en poder de la Clínica Las Condes únicamente para ser suministrada en la forma y las condiciones permitidas por la autoridad sanitaria, y en ningún caso podía ser utilizada al “arbitrio o capricho con fines personales del señor Gil”.
Asimismo, expone que, luego de ocurrida la apropiación, el presidente de Clínica Las Condes habría presentado un certificado médico donde justificaba la necesidad de una nueva inoculación y habría despedido a la funcionaria Carla Andrea Garrido Ortiz, quien había informado esta irregularidad a la Seremi Metropolitana de Salud. Ambas acciones habrían tenido por objeto asegurar la impunidad de Gil Gómez.
Según indicó la Subsecretaria de Prevención del Delito, “junto a la Subsecretaria Paula Daza hemos presentado una denuncia en la Fiscalía Oriente por la aplicación de una tercera dosis de vacuna Pfizer realizada al presidente de la Clínica Las Condes, hechos que consideramos pueden ser constitutivos de un delito como es el de apropiación indebida. Las vacunas Pfizer que va recibiendo el Estado. y que además son gratuitas, están destinadas hoy día a niños, niñas y adolescentes entre 12 y 17 años. En ningún caso han sido autorizadas para una tercera dosis de ninguna persona”.
La acción judicial presentada por las subsecretarias Martorell y Daza concluye indicando que estos hechos, junto con constituir un delito, perjudican directamente “al grupo más vulnerable de nuestra población a quienes se destina dicha inoculación, esto es, niños, niñas y adolescentes”.
Cabe recordar que la vacuna Pfizer-BioNTech es suministrada a menores, por ser la única autorizada por el Instituto de Salud Pública (ISP) para ser inoculada contra la enfermedad de COVID-19 en el grupo etario que corresponde a menores de 12 a 16 años.
