Otorgar a los gobiernos regionales nuevas atribuciones en prevención del delito y asistencia a víctimas. Este es el objetivo central del proyecto de ley que, esta semana, fue aprobado en general y de manera unánime por la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados y Diputadas.
El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara —quien ha impulsado esta iniciativa en el Congreso Nacional—, explicó que una de las principales propuestas del proyecto es que los gobiernos regionales puedan diseñar y ejecutar planes en materia de prevención social, situacional y comunitaria del delito.
Asimismo, podrán financiar proyectos que tengan por finalidad dotar a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública de equipamiento o infraestructura para el apoyo de sus labores, y tendrán la facultad de desarrollar acciones para la atención a víctimas de delitos.
Por último, los gobiernos regionales se integrarán al Consejo Nacional de Seguridad Pública, así como a los consejos regionales y comunales en esta materia.
Para el ejercicio de estas nuevas funciones, deberán mantener una coordinación permanente con la Subsecretaría de Prevención del Delito, institución que proveerá colaboración y asesoría técnica para que las autoridades regionales puedan identificar prioridades en materia de prevención del delito y formular la planificación correspondiente.
El subsecretario Vergara destacó que este proyecto de ley nace de un compromiso con la Asociación de Gobernadores de Chile y que forma parte de una serie de esfuerzos que está llevando adelante el Gobierno para robustecer la institucionalidad del país en materia preventiva.
“Estamos avanzando en un ecosistema de seguridad con el Ministerio de Seguridad Pública que ya fue despachado a tercer trámite al Senado, con la ley que fortalece el rol preventivo de los municipios y la Ley de Seguridad Privada, que después de 14 años fue aprobada en cuatro meses y ya fue promulgada por el Presidente de la República. En ese ecosistema los gobiernos regionales cumplen un rol crucial en la seguridad”, subrayó.
Es importante consignar que no se entregarán atribuciones a los gobiernos regionales en control y orden público, ni en relación con la dependencia y subordinación de las policías, manteniéndose estas materias como función privativa del nivel central.
