Este miércoles 28 de julio, la Subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, se trasladó hasta el Congreso Nacional para exponer ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados el proyecto de ley que busca castigar de manera efectiva los delitos de amenazas y coacción, e introduce por primera vez el delito de hostigamiento.
Frente a los miembros de la comisión, la Subsecretaria Martorell dio a conocer que solo durante el año 2020 se recibió un total de 101.112 denuncias por amenazas y se detuvo a 20.429 personas por estos hechos. “No podemos tolerar la violencia, la intolerancia, discriminación, el odio, la coacción ni abuso como formas de convivencia social y democrática”, enfatizó.
Asimismo, la encargada de Prevención del Delito resaltó que este tipo de acciones ha afectado tanto a civiles como a diferentes autoridades, entre ellas, fiscales, diputados, senadores y, de manera más reciente, miembros de la Convención Constitucional en ejercicio.
Contenido del proyecto
Entre las principales innovaciones introducidas por el proyecto está la de tipificar el delito de hostigamiento, el cual sancionará conductas que afecten gravemente las condiciones de la vida privada de otra persona, mediante su seguimiento, intentar o establecer contacto con ella, o enviar comunicaciones. Dicho ilícito tendrá penas de 61 días a 3 años, mientras que en el caso de que la víctima sea un menor de edad las sanciones se elevan de 3 a 5 años de presidio.
A su vez, se regula de forma más estricta el delito de amenazas, introduciendo como agravante el cometer este delito de manera anónima o con identidad falsa por medio de redes sociales o internet. También se tipifica el delito de amenazas en contra de personal de las Fuerzas Armas y de orden y seguridad, y se incluye como artículo transitorio las amenazas en contra de los convencionales constituyentes.
