Frente a los últimos robos que han afectado a cajeros automáticos en distintos puntos del país, este viernes, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, junto a la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) dieron a conocer una serie de acuerdos para reforzar la seguridad de estos dispositivos.
El principal anuncio es que, a partir de hoy, los cajeros tendrán dos nuevas medidas de seguridad. Una de ellas será obligatoria, mientras que la segunda estará determinada por las propias características del cajero, como su ubicación o entorno.
“Estas dos nuevas medidas hablan de un paso significativo y que se centra, además, en la nueva disponibilidad de mecanismos y tecnologías que existen para prevenir que los delitos ocurran, pero también dónde se está o se intenta llevar adelante este delito, inhibir e impedir que se consuman”, dijo Vergara.
La autoridad agregó que se han evaluado las acciones implementadas en los últimos años para enfrentar el robo de cajeros automáticos, para determinar cuáles son más efectivas, lo que va de la mano con el fortalecimiento del trabajo operativo de Carabineros.
El aumento de penas por sí solo no resuelve los problemas criminales y de seguridad, pero cuando va acompañado de medidas serias de trabajo conjunto, particularmente en este caso con lo público y privado, podemos avanzar hacia un sistema de prevención y seguridad más robusto
Subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara
“Hay medidas implementadas para los cajeros que funcionan y dan resultado y que han permitido sostener una baja significativa durante los últimos años. Pero además se ha reforzado el trabajo de Carabineros de Chile, acortando los tiempos de respuesta, focalizando las zonas donde se hace necesario mayor su presencia, llegando a tiempo y frustrando estos delitos”, planteó.
El subsecretario explicó también que se están estudiando modificaciones legales para aumentar las penas para este ilícito, siempre acompañadas de acciones operativas. En este sentido, resaltó que Carabineros continuará con las fiscalizaciones, particularmente, en las zonas con alta concentración de personas y servicios, mientras que la PDI y el Ministerio Público seguirán un proceso investigativo que se ha ampliado más allá de la Región Metropolitana.
“El aumento de penas por sí solo no resuelve los problemas criminales y de seguridad, pero cuando va acompañado de medidas serias de trabajo conjunto, particularmente en este caso con lo público y privado, podemos avanzar hacia un sistema de prevención y seguridad más robusto”, resaltó.
Finalmente, el subsecretario hizo énfasis en que el objetivo de estos anuncios es anticiparse ante el aumento de este delito y, de esta manera, evitar llegar a los niveles del año 2011, cuando se registraban alrededor de 700 casos anuales, una cifra que se redujo significativamente a partir de las medidas implementadas a mediados de esa década.
“No vamos a esperar a que las curvas al alza se mantengan. No queremos llegar ni cerca a esas cifras tan significativas que lamentablemente vivió el país para tomar acciones. Entonces, para no permitir que esa curva aumente, ya se están implementando acciones a contar de hoy”, concluyó.
Por su parte, Cristian Vega, gerente de operaciones y tecnología de la Asociación de Bancos, relevó la importancia de que las personas puedan utilizar los servicios bancarios con seguridad y agradeció que estas medidas se estén implementando de manera coordinada.
“Los cajeros son un servicio público y como tal queremos que tengan seguridad. Estas medidas las venimos trabajando hace tiempo con la subsecretaría y para los bancos la seguridad es muy importante y seguiremos trabajando en ello. Muchas de las medidas ya están instaladas y prueba de ello es que los robos están siendo frustrados. Estamos revisando como esas medidas son efectivas”, subrayó.
Los acuerdos presentados esta jornada son fruto de una serie de reuniones que tuvieron lugar esta semana entre ambas entidades, en las que también participaron gerencias de bancos, Carabineros, la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público, entre otras instituciones. Lo anterior, en el marco de la fuerza de tarea público-privada que encabeza la Subsecretaría de Prevención del Delito desde el año 2022, y que ha permitido aumentar las inversiones por parte de la banca en materia de seguridad, mejorar la coordinación con las policías, así como prevenir y reducir otros delitos que afectan a las instituciones financieras, como el denominado “marcaje”.
